José Nelson Mármol M.
El derecho ciudadano a la información es, lamentablemente, un aspecto que los legisladores se olvidaron de introducir de manera expresa en la constitución y leyes de nuestro país. Ojalá alguien se acuerde de plantear este tema en la Asamblea Nacional que se deberá convocar, por mandato expreso del pueblo en las urnas, el pasado 25 de mayo. Ello garantizaría que todos podamos exigir, con amparo en una norma legal, que nuestros representantes a las diferentes dignidades de elección popular nos den cuentas sobre sus acciones y sobre el manejo de los dineros que nos pertenecen a todos.
El derecho ciudadano a la información es, lamentablemente, un aspecto que los legisladores se olvidaron de introducir de manera expresa en la constitución y leyes de nuestro país. Ojalá alguien se acuerde de plantear este tema en la Asamblea Nacional que se deberá convocar, por mandato expreso del pueblo en las urnas, el pasado 25 de mayo. Ello garantizaría que todos podamos exigir, con amparo en una norma legal, que nuestros representantes a las diferentes dignidades de elección popular nos den cuentas sobre sus acciones y sobre el manejo de los dineros que nos pertenecen a todos.
No es pertinente - aunque sí oportuno-, reflexionar sobre lo que la teoría de la comunicación y la información plantean sobre el DEBER DE INFORMAR Y EL DERECHO -que a todos nos asiste- DE SER INFORMADOS, para elevar un comedido reclamo a la actual Administración Municipal, pero de manera especial al señor alcalde, Lic. Amílcar Mantilla, por el incumplimiento a su compromiso de campaña, cuando fue candidato allá en 1992, de establecer un canal directo de información sobre su gestión y la población que lo eligió.
Recuerdo claramente, porque inclusive ayudé a su campaña, el ofrecimiento de crear, si no un Departamento, al menos una oficina de Comunicación Social. Pero todo no fue más que un engaño (como otras muchas ofertas que solo siguen en esa condición de ofertas, de las que somos testigos). Fue solo una fugaz ilusión el nombramiento o encargo que por pocos días se hizo a mi caro amigo y prestigiado colega Carlos J. Cisneros. Pero la verdad es que hasta hoy no he (hemos) tenido la suerte de conocer la información básica y fundamental que la municipalidad está obligada a entregar a sus munícipes. No sé si se quieren ocultar secretos, que creo que no los haya, o simplemente no se repara en el enorme daño que se crea la misma Administración al no informar oportunamente.
Es necesario que una vez que surgen cuestionamientos la municipalidad informe adecuadamente y aclare mal entendidos, si así fuere el caso. Por ética profesional -que la cuido con celo en mi ejercicio periodístico- no he querido referirme a versiones que provenían de una sola dirección, e inclusive he cuestionado, y lo sigo haciendo, aquellas acusaciones apócrifas que se lanzan en contra de la primera autoridad del Municipio. Pero dado el silencio que se ha mantenido sobre una supuesta participación de nuestra municipalidad en la "más grande red de corrupción, a través del caso Peñaranda", me permito solicitar que se ofrezca alguna información Jamás ha sido mi intención; desde entonces, hasta la presente fecha, lo que se hace o no se hace en el Concejo Municipal parecería ser una cuestión de Estado. Otras tantas que hemos resultó Claro está Cierto es que "Muchas veces se puede engañar a alguien, pocas veces se puede engañar a muchos, pero nunca se puede engañar a todos".
Tabacundo, junio, 1997
